Lucía Vázquez Rodríguez, 2 de diciembre de 2012

Puntos clave de la negociación con las FARC: 

En primer lugar, me parece necesario aclarar que el verdadero mal de Colombia no son las FARC, ni el narcotráfico, ni siquiera las sangrientas milicias paramilitares. La pobreza es, junto con la corrupción de numerosos cargos públicos que se sienten tentados por las promesas de oro y seguridad de los cárteles, el verdadero problema de fondo. Ni a las FARC ni a las organizaciones paramilitares les es difícil reclutar soldados adolescentes, atraídos no tanto por las bellas consignas ideológicas de la organización como por la promesa de un salario decente y tres comidas al día. En un país en el que 7 millones de personas viven en una indigencia absoluta, resulta difícil sustraerse de la influencia de los cárteles de narcotraficantes, que dan trabajo a una gran parte de la población (más de 300.000 familias), en su mayoría campesina (exceptuando ciertos núcleos urbanos de importancia).

A pesar del boom económico que tiene a toda América Latina en efervescencia, el índice de pobreza en Colombia sigue siendo de un vergonzoso 34,1%; sólo unos pocos se benefician de este crecimiento, siendo la inequidad uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Gobierno Colombiano. Sin embargo, la raíz de este problema hay que buscarla en el Norte civilizado, dónde se consumen masivamente esas drogas, vendidas por los traficantes por un precio 250 veces superior al que se le paga al humilde campesino colombiano. Resulta, pues, un tanto irónico que Estados Unidos califique la lucha de las FARC como narco-guerrilla, destinando sumas ingentes de dinero a combatir a los cárteles via Plan Colombia, fumigando cultivos que son la principal fuente de subsistencia de estas familias, en vez de destinarlo a planes educativos contra el consumo de drogas. ¿Por qué no combatir a los intermediarios, que son los que realmente se lucran, o a los consumidores?

Según afirma Alejo Vargas Velásquez, Coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, el desarrollo agrario es el punto central sobre el que tendrán que ponerse de acuerdo las partes implicadas. La lucha política de la organización nace del descontento del campesinado por una desigual distribución de la tierra, lo cual hace todavía más chocante la interesada relación de las FARC con los cárteles, dueños de al menos la mitad de las tierras cultivables del país. El argumento ideológico planteado por las FARC, esa lucha politica que para algunos (pensemos en la Venezuela de Chávez) impediría considerar a la organización un grupo terrorista se ha convertido en una pantalla para justificar sus tres enormes fuentes de ingresos: el narcotráfico, unos 1000 secuestros extorsivos anuales y el "impuesto revolucionario" para evitar ataques. 

Sería posible, quizás, una redistribución de la tierra, combinado con el apoyo a pequeños y medianos agricultores, pero parece difícil- cuando no hipócrita- llegar a estos acuerdos con la inevitable presencia de los narcotraficantes, sin mencionar el hecho de que un alto porcentaje de las tierras controladas por las FARC se hallan plagadas de minas antipersona, totalmente contrarias a los derechos humanos,y causantes de miles de muertes cada año. Será importante también la discusión acerca de cómo podrían las FARC contribuir en la reducción de los cultivos ilícitos, quizás mediante la creación programas de desarrollo alternativo (sustitución de plantaciones de coca por otras), con fuertes apoyos en subsidios y buena salida al mercado. 

Otro de los puntos más polémicos de la agenda de las negociaciones es la inclusión de los militantes desmovilizados en la vida política, algo que resulta poco deseable para la población colombiana. Sí, la paz pactada es un objetivo muy noble, pero, ¿no resulta un precio demasiado alto a pagar la-improbable, si nos atenemos a las encuestas- posibilidad de ver sentados en el Congreso, impunes, a culpables de las mayores aberraciones contra los derechos humanos? Se requiere también transparencia en el tema de las víctimas; no solo los damnificados por las FARC, sino también aquellos a quienes la contrainsurgencia paraestatal ha perjudicado tendrán derecho a reconocimiento y reparación. Entra en juego aquí la llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de 2011; el Gobierno ha reconocido que hubo despojo masivo de 6,6 millones de hectáreas. El problema es que, para una reparación efectiva de todos los daños (por no hablar del prejuicio moral de las víctimas), el coste estimado sería de 40 millones, dinero con el que el Gobierno Colombiano no cuenta, a pesar del crecimiento económico.

Para los miembros de las FARC, se prevé que el castigo estará basado en modalidades de lo que el profesor Vargas llama justicia transicional; es decir, se evitará dictar sentencias de cárcel, sino  penas alternativas, con la aclaración de la verdad como principal objetivo. Sin embargo, dada la presión de la opinión pública internacional y la necesidad de hacer justicia para con las víctimas, el marco jurídico será distinto al de la polémica Ley de Justicia y Paz, que amnistiaba a los integrantes de las milicias paramilitares quizás con demasiada ligereza. 

El papel de los medios de comunicación resulta clave al respecto, puesto que la opinión pública ha de ser favorable a las conversaciones de Oslo y La Habana; en este sentido habrán de transmitir la información de manera conciliadora, dando voz a todos los agentes implicados (no sólo políticos, sino también asociaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos, etc.). Será clave también buscar un proceso de negociación paralelo con el reacio Ejército de Liberación Nacional, puesto que la paz no ha de construirse a pedazos. No hay que olvidar que esos soldados desmovilizados de las FARC, en su mayoría campesinos ignorantes y escépticos ante un Gobierno que no supo ayudarles, podrían lanzarse en brazos del ELN si no se encontrase el camino para su reinserción en la sociedad civil.  Hay que evitar que suceda lo que sucedió con la desmovilización de las AUC, que, a pesar de hacerse efectiva en 2006, fue seguida de la aparición de numerosos grupos “herederos” (por ejemplo el grupo Rastrojos), que cada vez hacían menos hincapié en la ideología y más en el lucro económico.

Queda también una cuestión por explorar: ¿qué mueve a las FARC a negociar justo ahora? Durante los mandatos de Betancur, Gaviria, Samper y Pastrana, la organización aprovechó los procesos de negociación para hacerse fuerte con las treguas y avanzar en su lucha, ¿política? Sin embargo, el poder militar de las FARC ya no es tan apabullante como antaño, con la mayoría de sus líderes muertos o extraditados. Otros, como el ex-presidente Uribe contemplan las negociaciones como una inaceptable rendición del Estado ante unas FARC “totalitarias” que reclaman todo el poder y no están dispuestas a ceder, o a replegarse en posiciones de izquierda moderada. Los grandes empresarios, y los intelectuales más conservadores temen por la supervivencia económica y democrática del país si se hacen concesiones a las FARC: guerra civil, expropiaciones y huelgas forman parte del desolador panorama que pintan estas voces más alarmistas. Sin embargo, no parece probable que se dé esta situación, con la mayoría de la opinión pública colombiana hastiada por un conflicto que lleva años cobrándose víctimas inocentes. Pocos apoyan a las FARC en Colombia si no es bajo coerción, a pesar de que en su momento, las reivindicaciones de la guerrilla tenían una cierta legitimidad. Por ejemplo, el desmantelado M-19 ha encontrado un reducto en la vida política para continuar con su proyecto socialista.

Cabe preguntarse, asimismo, si las organizaciones paramilitares, supuestamente desmanteladas, no serán peores enemigos para la sociedad civil que las FARC (pensemos en las sanguinarias Águilas Negras) ; no son pocas las violaciones de derechos humanos que se han cometido con la coartada de la “contrainsurgencia”, de la "autodefensa", como matanzas a los representantes del movimiento popular, asesinatos de líderes de extrema izquierda, etc...en muchos casos en connivencia con el Gobierno, aconsejado por Estados Unidos ¿Quién ostenta el poder real en Colombia, las FARC, las organizaciones paramilitares, o los cárteles, cuya principal baza es un dinero manchado? No hay que olvidar que el mítico Pablo Escobar fue incluido una vez en la lista Forbes de hombres más ricos del mundo, y con fortunas de ese calibre se pueden comprar lealtades, cargos, ideologías y hasta ejércitos. ¿No es a ellos a quién el Gobierno debería enfrentarse en realidad?

En conclusión, la situación real en Colombia no se asemeja a una guerra civil o a una lucha entre grupos insurgentes con reivindicaciones políticas más o menos fundamentadas, sino que estaríamos hablando de un "todos contra todos" con el narcotráfico, la pobreza y una violencia sin precedentes como telón de fondo. En este contexto, ¿tiene sentido tratar de negociar con unas FARC que ya no buscan el comunismo, sino que se han convertido en una mafia? ¿o debe continuar la lucha armada, sucia hasta límites insospechados (tal y como denuncia Human Rights Watch) para aplastar a unas FARC que cuentan con aliados poderosos? En mi opinión, no se ha de combatir el fuego con fuego, como bien se demostró cuando salieron a la luz los múltiples abusos cometidos por los paramilitares, pero tampoco hay que dejar de lado la dignidad de las víctimas durante el proceso de negociación; las concesiones a las FARC, especialmente a sus líderes, han de ser mínimas. Si todo sale bien-y me inclino a pensar que la situación no puede continuar así durante otras tres décadas- el Gobierno tendrá que centrarse en paliar las desigualdades económicas, sobre todo en zonas rurales, y en proporcionar una educación cívica a sus ciudadanos para que no se repita la historia; no tiene sentido que pueblos enteros den su apoyo a grupos insurgentes cuyas reivindicaciones políticas han dejado de ser legítimas. 

Por ahora, la primera ronda de las negociaciones ha finalizado con resultados bastante positivos; los acuerdos alcanzados estos días en La Habana y permitirán que la sociedad civil plantee sus propuestas sobre el primer punto a debate en el proceso de paz: el problema de la tierra.