La OTAN blindará la frontera turca con misiles Patriot

Tal y como solicitó Ankara a la Alianza Atlántica, serán instaladas bases de misiles tierra-aire en la frontera suroriental tuca, colindante con Siria, para evitar posibles ataques sobre suelo turco procedentes del país vecino. 

PABLO RENOVELL. 4/12/12. El pasado día 19 de noviembre, el gobierno de Taryp Erdogán solicitó a la OTAN que le suministrara misiles Patriot, con capacidad tierra-aire, para desplegar a lo largo de su frontera con Siria. Esta petición de ayuda turca a sus aliados responde a intenciones “puramente defensivas”, según afirma la OTAN, y que tiene como objetivo proteger el territorio turco de posibles ataques procedentes de Siria. Los países encargados del suministro de estas armas serán EEUU, Alemania y Holanda, debido a que son los miembros de la Alianza que actualmente cuentan con baterías de Patriots disponibles en sus filas; se calcula que el envío y despliegue de los proyectiles se llevará a cabo en las próximas semanas. Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la Alianza, aseguró que “Turquía puede contar con la solidaridad aliada”, declaraciones que refrendan la aprobación de la operación por parte de los 28 ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN, entre ellos España. Asimismo, este cargamento de misiles vendrá acompañado de un pequeño destacamento de soldados alemanes y holandeses para “la instalación y el manejo del armamento”, según el diario germano Süddeutsche Zeitung. 

 A pesar de la insistencia aliada sobre el carácter defensivo del despliegue de los Patriot, la capacidad ofensiva de los misiles y sus situación estratégica – los Patriot tiene un alcance efectivo de hasta 160 km- ha provocado el recelo y las críticas de a países como Rusia o Irán. El presidente Vladimir Putin aseveró que la llegada de este armamento no hará sino “generar más tensión en una zona ya de por sí convulsa”. Alí Larijani, presidente del Parlamento iraní fue más allá y consideró esta operación como un “acto belicista de la OTAN” y el preludio a una intervención militar de la Alianza Atlántica en Siria. 

 Sin embargo, Rasmussen adivirtió al presidente sirio Al Asad de que el empleo de armas químicas sería “completamente inaceptable” y supondría una “reacción inmediata” de la comunidad internacional. Por su parte, el régimen de Al Asad – que posee mayor arsenal de armas químicas Oriente Próximo- dio su promesa de que “en el caso de tener armamento químico, no las empleará contra el pueblo sirio”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores sirio en la televisión estatal.

Conflicto en Colombia - Cecilia Sanz

Cecilia Sanz Cardeñosa

Martes 4 de diciembre                                                                 

El asesinato de 20 rebeldes de las FARC en un bombardeo empaña las negociaciones de paz

Pese a que actualmente se había establecido un supuesto proceso de paz, los operativos de las fuerzas militares colombianas no han cesado. Mientras siguen en Cuba las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla, este lunes se supo que tropas del Ejército y la Fuerza Aérea asaltaron el domingo un campamento guerrillero.  Durante el ataque a la columna móvil “Mariscal Antonio José Sucre” en el departamento de Nariño, al sur del país, fueron abatidos al menos 20 guerrilleros. Además, fuentes militares aseguran que entre los fallecidos se encuentra el cabecilla de esta unidad de las FARC, alias Guillermo Pequeño.

El grupo armado aún no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí que es cierto, es que el mismo día que comenzaban las negociaciones, sólo la guerrilla anunció un alto el fuego unilateral, al que no se sumaron las fuerzas de seguridad del Estado. Por su parte, el Gobierno colombiano afirmó que sólo cesará la persecución a los rebeldes cuando se haya logrado un acuerdo definitivo, con el correspondiente abandono de las armas.

La reacción del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no se ha hecho esperar. En un contundente discurso pronunciado el sábado, concluyó que si la guerrilla quiere pasar de las “balas a los votos y hacer su política”, debe dejar definitivamente las armas. Además, ha establecido noviembre de 2013 como fecha límite para el proceso de paz. El presidente también tuvo que pedir paciencia a la opinión pública colombiana, ya que “se están discutiendo unos temas muy complejos”, y no se puede exigir unos resultados inmediatos.

Las declaraciones de Santos se produjeron horas después de la publicación de una entrevista a Sara Ramírez, miembro del equipo negociador de la guerrilla y expareja del máximo dirigente de las FARC Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo. Las intervenciones de Ramírez revelaban que el grupo armado tiene en su poder a militares colombianos. Además, afirmó que la intención principal es la de proponer que estos sean intercambiados por prisioneros de la guerrilla que se encuentran en las cárceles colombianas.

De esta manera, las FARC trata de añadir inesperadamente nuevas condiciones para la negociación. Y esta no sería la primera vez. El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, se ha apresurado a rechazar la propuesta, para que de esta manera no entre si quiera en la agenda de las conversaciones. Los continuos cambios de rumbo de los argumentos avanzados por las FARC han sido criticados por diferentes sectores políticos. Incluso se ha acusado al grupo armado de emplear el mismo proceso de paz como estrategia para ganar tiempo y rearmarse.

Las negociaciones para el proceso de paz, que comenzaron el pasado 19 de noviembre después de haber sido aplazadas cuatro días, se caracterizan por la controversia. En un discurso anterior, Santos ya tuvo que reprochar a los guerrilleros las filtraciones de ciertos temas de la negociación a los medios de comunicación. Además su postura fue tajante: “no habrá paz” si las filtraciones continúan. Mientras que ninguno de los negociadores del Gobierno ha dado declaraciones a la prensa, la guerrilla ha optado por una estrategia diversa, haciendo anuncios diarios a la entrada del Palacio de Convenciones en La Habana, lugar donde se llevan las negociaciones. Alguno de los negociadores del gobierno sí que se han pronunciado, aunque solo haya sido, como es el caso de Humberto de la Calle, para anunciar que, por su parte, “no se negociará a través de los micrófonos”. 

La ONU ante el mundo árabe: de la abstención a la intervención

Tradicionalmente, la postura de las Naciones Unidas frente a los conflictos en el mundo árabe ha oscilado de la indiferencia a la intervención directa, algo que depende, en gran medida, de los intereses de las potencias occidentales en la zona, sobre todo si es rica en recursos, como sucedió con Iraq y Libia. Su- hasta ahora- pasiva posición ante los conflictos sirio, palestino o maliense puede que no tenga tanto que ver con la existencia de intereses encontrados en el Consejo de Seguridad como con el miedo a hacer estallar esa bomba de relojería que es Oriente Próximo o la franja de Sahel.

El reconocimiento de Palestina como Estado observador por parte de la ONU el pasado jueves, a pesar de los potentes aliados con los que cuenta Israel (Estados Unidos, Canadá...), considerado principal bastión frente al fundamentalismo islámico en Oriente, parece suponer un paso adelante en el proceso de estabilización de la región. Sin embargo,  las represalias de Israel no se han hecho esperar; la congelación de los fondos recaudados por Tel Aviv en nombre de la Autoridad Palestina o la construcción de viviendas israelís en Cisjordania no son más que el principio.

Si bien el conflicto palestino-israelí parece encauzado tras semanas de violencia constante, la guerra en Siria- que ya se ha cobrado alrededor de 20.000 muertes- continúa sin que la ONU se atreva a intervenir debido al veto de China y Rusia. Precisamente hoy, el Secretario General de la OTAN ha advertido de que cualquier uso de armas químicas por parte del Presidente Bashar al-Assad provocaría una reacción internacional inmediata. Por ahora, la OTAN se ha contentado con preparar el despliegue de misiles antiaéreos en Turquía, algo que Irán (definido como el enemigo más poderoso de Occidente por su posesión de armas nucleares) considera el preludio de una intervención militar en Siria. Sin embargo, tanto los rebeldes sirios como las fuerzas del régimen continúan con su política del terror, cometiendo crímenes contra civiles e ignorando la reprobación de la Comunidad Internacional. Tal y como afirma el presidente del Comité Nacional de Coordinación para el Cambio Democrático en Siria (CNCCD), Haytham Manna, "una intervención militar no es posible, nadie hará lo que se hizo en Iraq para acabar con Sadam Husein o en Libia para matar a Gadafi, no tenemos esa materia prima que tanto interesa”.

Otro de los focos de conflicto del mundo árabe es Mali, que algunos consideran ya el Afganistán africano por llevar meses controlado por integristas islámicos que aplican la sharia de manera contraria a los derechos humanos (amputaciones de miembros, lapidaciones, etc.). El Consejo de Seguridad de la ONU, presionado por Francia (con intereses económicos en el país), ha pedido a Ban Ki-Moon que intervenga lo antes posible en Mali. El Secretario General, más preocupado por la situación en Oriente Próximo, prefiere optar por el diálogo con los tuareg con el fin de derrotar a al-Qaeda, y se ha negado a correr con los gastos de la operación, a pesar de que el islamismo radical se extiende a pasos agigantados por el Sahel, aquejado de hambruna crónica.

LAURA RODRÍGUEZ MONTECINO

22 de octubre de 2012-10-22

ISLAM Y DEMOCRACIA:

La Primavera Árabe, un año después

El 4 de enero de 2011 la acción valiente y desesperada de un joven vendedor ambulante volcó la mirada de Occidente hacia Túnez, ese ignoto punto en el mapa, interrumpiendo por un momento el curso normal de la vida en el Norte. Mohamed Bouzizi, de 26 años, tomó el espacio público para llevar a cabo el acto con mayor fuerza simbólica de que es capaz un ser humano que vive en comunidad: poner fin a su propia vida como forma de protesta -en aquel momento aún desconocíamos que, algo más de un año después, un pensionista griego se suicidaría también en una plaza pública para romper violentamente el silencio ante la guerra económica que se libra hoy en el corazón de Europa-. Aquel suceso, que originó la llamada “revolución tunecina” como consecuencia de décadas de injusticia social, prendió una mecha que se extendió rápidamente por otros países del norte de África y Oriente Medio. A la Primavera Árabe le deben estos Estados la sacudida de los cimientos de sus respectivos regímenes, y la apertura en algunos casos de un proceso de transición democrática.

Sin embargo, es frecuente que sean contradictorios los mensajes acerca de estas incipientes democracias que nos llegan a través de los conglomerados mediáticos occidentales: si bien la opinión pública europea y norteamericana se mostró de forma casi unánime a favor de las revueltas populares, que prometían el cambio de sus polvorientos y –en algunos casos- opresivos aparatos de gobierno, la prensa occidental no parece tan entusiasta a la hora de tratar el resultado de la elección democrática de estos pueblos. El ascenso del islamismo ha sido tachado en los últimos meses de amenaza para avanzar en la consecución de derechos sociales en las naciones árabes. Esta posición se ha reforzado tras la publicación del libro La primavera árabe. El despertar de la dignidad por parte del intelectual marroquí Tahar Ben Jelloun, con amplia repercusión mediática. El escritor ha asegurado en varias intervenciones públicas que el futuro de la primavera árabe pasa por el islamismo, que representa “el rechazo a Occidente, a la modernidad, al individuo, a la responsabilidad del individuo y al laicismo". Ben Jelloun piensa que, necesariamente, el islam es un obstáculo para el desarrollo democrático en tanto que intenta imponer su ideario sin respetar otras opiniones. Pese a lo lúcido de su análisis de las revueltas populares de 2011, una mirada más atenta y en profundidad al panorama político y social del golfo pérsico nos permitirá ver que la situación es más compleja de lo que este análisis propone.

En la base de la Primavera Árabe se encuentra la inquietud popular por acceder a unos derechos básicos –entre los que destaca la soberanía del pueblo- así como la necesidad de liberarse de la injerencia internacional en sus asuntos internos. Los regímenes dictatoriales previos  a las revueltas eran en muchos casos (Túnez, Libia, Egipto) gobiernos favorables a medidas neoliberales de apertura comercial a multinacionales occidentales, que enriquecían a una élite oligárquica – la cercana a los gobernantes- mientras sumían a su población en la miseria más absoluta. Resulta llamativo el hecho de que, una vez iniciada la revolución, la prensa del Norte en bloque condenara el régimen del dictador Muamar el Gadafi después de décadas de aprobación tácita a las transacciones petrolíferas con Libia. En estos países, sometidos a dictaduras laicas, los partidos islamistas se han convertido en la opción mayoritaria de una región asolada por la dominación estadounidense-israelí, en ocasiones también militar (recordemos la invasión de Iraq en 2003, firmemente rechazada por la mayoría de la comunidad internacional, o la guerra en Afganistán desde 2001: ninguna de las dos operaciones ha logrado poner fin a los problemas estructurales de ambas naciones, si no han aumentado la pobreza y el desánimo). El apoyo moderado en el islam –por ejemplo, en el programa de los Hermanos Musulmanes, ganadores de las últimas elecciones en Egipto- promete a estos pueblos saqueados el respeto a su identidad cultural por oposición al laicismo cómplice de Estados Unidos y el islamismo radical-yihadista de algunas formaciones árabes. Resulta inverosímil pensar que las poblaciones de Egipto o Túnez vayan a elegir democráticamente una opción que suponga su retroceso irreversible en cuanto a conquistas sociales. ¿Por qué confundimos, entonces, en Europa el islamismo con el ataque a los derechos humanos?

La islamofobia, al alza desde los ataques terroristas del 11 de septiembre y alentada por la prensa occidental, ha servido en muchos casos para promover acciones de otro modo injustificables, como la invasión de una nación por el supuesto apoyo de sus gobernantes a una red terrorista: es el caso de Afganistán, los talibanes y Al-Qaeda. Yolanda Guío Cerezo, profesora de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, sostiene en su ensayo Ideologías Excluyentes que  el rechazo al islam proviene del miedo ante el acceso musulmán a “los beneficios sociales” y su conversión en “invasores culturales que ponen en peligro la cultura occidental”. Si intentamos arrojar un poco de luz en medio de la confusión, descubriremos algunos hechos políticos de estos Estados que pueden resultar sorprendentes para el lector europeo medio. Establezcamos algunos ejemplos. Bashar el Asad, responsable de las recientes masacres civiles en Siria y causante de la inestabilidad interna de la nación –se estudia una intervención por parte de la OTAN para protección de la población siria, hasta el momento vetada por China y Rusia- representa a un partido laico de corte socialista.  El mismo color político presentaba el partido encabezado por el caudillo iraquí Saddam Hussein, lejos de ser un islamista radical como a menudo se comunicó a la opinión pública. El nuevo presidente de la República Tunecina, Hamadi Jebali, quien ha iniciado relaciones diplomáticas con Washington y propone una postura reformista y modernizadora, pertenece a Ennahda, partido islamista moderado. Entre sus aliados naturales se encontrarán, con toda probabilidad, los Hermanos Musulmanes en Egipto, grupo panislamista que obtuvo una amplia victoria electoral. Los Estados con mayor conflictividad interna persistente después de la Primavera Árabe son aquellos en la actualidad gobernados por gobiernos de transición -a menudo con presencia internacional- como Libia, Afganistán e Iraq. Así pues, un análisis exhaustivo de la realidad de los países árabes deja ver cómo, en el Norte de África y Medio Oriente, islam no es siempre sinónimo de opresión y laicismo no lo es de respeto a los derechos humanos.

No obstante, no cabe duda de que estas naciones deben avanzar hacia la secularización con el fin de alcanzar un desarrollo democrático pleno. Si bien en muchos casos el voto islamista se ha alzado, de la misma forma lo han hecho otras opciones laicas izquierdistas nacidas en el seno de estos países árabes. Santiago Alba, profesor de Filosofía en la Universidad Complutense y residente de larga duración en Túnez, ha llamado con frecuencia la atención acerca de este fenómeno: formaciones como el Partido Comunista de Egipto, el Movimiento Tunecino Renovación o el Partido Comunista Sirio plantean una alternativa seria y en pleno crecimiento tanto a la explotación extranjera de los recursos nacionales como a la deriva religiosa radical.

Elba Saavedra Déniz

Colombia y Nicaragua enfrentados por San Andrés

Parece que remover el pasado se está poniendo de moda entre las naciones del mundo. En este caso los protagonistas son Colombia y Nicaragua, enfrentados desde hace décadas. El motivo no es otro que el reparto territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, considerado por las Naciones Unidas como Reserva de la Biosfera y que se ubica a 720 Km del noroeste de la costa colombiana.

De momento más que de conflicto de lo que podemos catalogar este incidente es de más bien un desacuerdo fronteriza ya que en los últimos días los presidentes de ambos países se han declarado contrarios al uso de la fuerza y están intentando buscar una solución que los convenza en cuanto al nuevo fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia. En un primer momento, el consejo reconoció que el Tratado Esguerra Bárcenas de 1928 estableció la soberanía de Bogotá sobre el archipiélago y que por tanto se hallaba sin jurisdicción para resolver este asunto. Sin embargo, más tarde declaró que seguirá tramitando la denuncia de Nicaragua contra Colombia en otros aspectos como la soberanía de los cayos Roncador, Quitasueño y Soriana que también tiene Bogotá en su poder.

Esta denuncia está basada en la percepción nicaragüense de que el Tratado de Esguerra- Bárcenas fue firmado bajo presión estadounidense y que por tanto carece de valor. Hace ya casi doce años, en 2001, Nicaragua pidió a la CIJ la intervención en este espinoso tema en el que materias primas como el petróleo están envueltas. El Pacto de Bogotá de 1948 lo que el país utiliza para justificar ante el CIJ su desacuerdo con la decisión tomada en 1948.

Normalmente cuando dos países se enfrentan se utilizan todo tipo de estratagemas para intentar derribar al contrario como puede ser el bloqueo de relaciones diplomáticas o económicas (subir impuestos arancelarios como en el caso del conflicto chino-japonés o impedir la entrada de nacionales del otro país). En este caso nos encontramos aún muy lejos de estas posibilidades ya que ni siquiera las relaciones económicas de estos dos países son relevantes, así que en ese sentido no habría problema. Y lo más importante dentro de este contexto de planeta globalizado en el que nos encontramos: los países vecinos no han mostrado ni el más mínimo signo de polarización.

En definitiva, no nos enfrentamos ante una vicisitud de gran relevancia internacional pero lo que sí se espera es que no sea este un tema recurrente de ambos países para obtener rédito político y que de una vez por todas encuentren solución.

Algunos puntos para comprender el nuevo estatus de Palestina

Elisa Sánchez Caballero. 2 de diciembre de 2012. 

La ONU reconoció el pasado jueves 29 de noviembre a Palestina como Estado observador, estatus que comparte con El Vaticano. Esta decisión ha suscitado un enorme revuelo internacional y sería interesante reflexionar y analizar algunos puntos clave de esta nueva situación.

Demanda de la petición ante la ONU

La cuestión se sometió a votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea cuenta con 193 estados miembros y para ser declarado “Estado observador” no necesitaba el visto bueno precio del consejo de Seguridad, sino que bastaba con el apoyo de la mayor parte de la Asamblea.

Anteriormente, el 23 de septiembre de 2011,  Palestina había solicitado ser un miembro de Pleno derecho de la ONU, pero para ello necesitaba el apoyo de nueve de los quince miembros del Consejo de Seguridad. La demanda fue bloqueada por la oposición de Estados Unidos.

Resultado de la votación
138 países se pronunciaron a favor, solo nueve en contra y 41 se abstuvieron.

Los países que votaron en contra son: Estados Unidos, Israel, Canadá, Panamá, República Checa y varias naciones del Pacífico: las islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palao.

Qué es un Estado observador

Este nuevo estatus supone un reconocimiento indirecto de Palestina como Estado; tendrá acceso a varias agencias del sistema de la ONU, como Unicef  (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura) y la OMC (Organización Mundial del Comercio) y también a tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Además, se le aplicarán los tratados internacionales, como las Convenciones de Ginebra (que regulan el derecho de la guerra y establecen estándares del derecho humanitario internacional)

¿Qué amenazas han lanzado Estados Unidos e Israel a Palestina ante la admisión?

Estados Unidos, que votó contra la resolución, ha amenazado con no otorgar los 200 millones de ayuda prometidos a Palestina.

Israel por su parte amenazó con bloquear los impuestos que el país recauda en nombre de la Autoridad Palestina así como reducir el número de permisos de trabajo a palestinos e incluso amenazaron con derogar los acuerdos de paz de Oslo del 93. Matizaron que las consecuencias variarían en función de cómo utilice Palestina este nuevo ‘derecho’: "Si los palestinos utilizan esta resolución como un instrumento de enfrentamiento, actuaremos en consecuencia (...) Pero si no es el caso no tomaremos medidas severas".

Además, la embajada Israelí en Estados Unidos ha divulgado un vídeo mofándose del viaje que realizó el líder palestino Abás, para pedir el cambio de estatus de Palestina a la ONU. Israel alega además que el acuerdo que firmó con Palestina en el 96 decía que “ninguna de la partes deberá tomar medidas que cambien el estatus de Cisjordania, o la franja de Gaza” por lo que esta votación en su opinión, violaría estos acuerdos e invalidaría todos los anteriores.

¿Qué argumentos ha dado España para avalar su decisión?

El ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, antes de la votación, anunció que España apoyaría a Palestina por “coherencia con nuestra historia y para aproximarse a la paz”. Defendió que no tendría que haber sido necesario llegar a la votación y que la comunidad internacional tendría que haber sido capaz de ofrecer una solución alternativa a los palestinos. Además alegó que "la mejor fórmula para llegar a esa solución es la negociación entre las partes y que la única forma posible para que esa negociación llegue a buen puerto es que haya negociadores fuertes".

También defendió la importancia que tendría un voto unificado en la Unión Europea, y ha dicho que España “trabajó hasta el último segundo” para conseguir esta unidad, pero que al final cada país votará de forma independiente.

El gobierno considera que dar el “sí” es actuar justamente, y lo más útil para conseguir la paz ya que supone un apoyo a Abás, el líder de ANP, y una crítica contundente a Hamás, a los “extremistas que no cesan la violencia”.

Posibles consecuencias

Este reconocimiento de Palestina como Estado Observador No Miembro, sin el acompañamiento de una efectiva cooperación internacional que garantice y sostenga el desarrollo real de ese Estado, hará que tengamos dos Estados (Israel y Palestina), pero en condiciones extremadamente desiguales. Hay que  seguir organizando acciones internacionalistas concretas y decisivas hacia Palestina.

Una de las principales consecuencias que se espera que traiga consigo el reconocimiento de este derecho para Palestina es el hecho de que Israel “mida mucho más” sus acciones “antes de agredir al pueblo palestino”. Muchos países han considerado la votación como algo “decisivo” para volver a impulsar un proyecto de paz que llevaba en standby demasiados años, por culpa, el parte, de la pasividad internacional

Lucía Vázquez Rodríguez, 2 de diciembre de 2012

Puntos clave de la negociación con las FARC: 

En primer lugar, me parece necesario aclarar que el verdadero mal de Colombia no son las FARC, ni el narcotráfico, ni siquiera las sangrientas milicias paramilitares. La pobreza es, junto con la corrupción de numerosos cargos públicos que se sienten tentados por las promesas de oro y seguridad de los cárteles, el verdadero problema de fondo. Ni a las FARC ni a las organizaciones paramilitares les es difícil reclutar soldados adolescentes, atraídos no tanto por las bellas consignas ideológicas de la organización como por la promesa de un salario decente y tres comidas al día. En un país en el que 7 millones de personas viven en una indigencia absoluta, resulta difícil sustraerse de la influencia de los cárteles de narcotraficantes, que dan trabajo a una gran parte de la población (más de 300.000 familias), en su mayoría campesina (exceptuando ciertos núcleos urbanos de importancia).

A pesar del boom económico que tiene a toda América Latina en efervescencia, el índice de pobreza en Colombia sigue siendo de un vergonzoso 34,1%; sólo unos pocos se benefician de este crecimiento, siendo la inequidad uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Gobierno Colombiano. Sin embargo, la raíz de este problema hay que buscarla en el Norte civilizado, dónde se consumen masivamente esas drogas, vendidas por los traficantes por un precio 250 veces superior al que se le paga al humilde campesino colombiano. Resulta, pues, un tanto irónico que Estados Unidos califique la lucha de las FARC como narco-guerrilla, destinando sumas ingentes de dinero a combatir a los cárteles via Plan Colombia, fumigando cultivos que son la principal fuente de subsistencia de estas familias, en vez de destinarlo a planes educativos contra el consumo de drogas. ¿Por qué no combatir a los intermediarios, que son los que realmente se lucran, o a los consumidores?

Según afirma Alejo Vargas Velásquez, Coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, el desarrollo agrario es el punto central sobre el que tendrán que ponerse de acuerdo las partes implicadas. La lucha política de la organización nace del descontento del campesinado por una desigual distribución de la tierra, lo cual hace todavía más chocante la interesada relación de las FARC con los cárteles, dueños de al menos la mitad de las tierras cultivables del país. El argumento ideológico planteado por las FARC, esa lucha politica que para algunos (pensemos en la Venezuela de Chávez) impediría considerar a la organización un grupo terrorista se ha convertido en una pantalla para justificar sus tres enormes fuentes de ingresos: el narcotráfico, unos 1000 secuestros extorsivos anuales y el "impuesto revolucionario" para evitar ataques. 

Sería posible, quizás, una redistribución de la tierra, combinado con el apoyo a pequeños y medianos agricultores, pero parece difícil- cuando no hipócrita- llegar a estos acuerdos con la inevitable presencia de los narcotraficantes, sin mencionar el hecho de que un alto porcentaje de las tierras controladas por las FARC se hallan plagadas de minas antipersona, totalmente contrarias a los derechos humanos,y causantes de miles de muertes cada año. Será importante también la discusión acerca de cómo podrían las FARC contribuir en la reducción de los cultivos ilícitos, quizás mediante la creación programas de desarrollo alternativo (sustitución de plantaciones de coca por otras), con fuertes apoyos en subsidios y buena salida al mercado. 

Otro de los puntos más polémicos de la agenda de las negociaciones es la inclusión de los militantes desmovilizados en la vida política, algo que resulta poco deseable para la población colombiana. Sí, la paz pactada es un objetivo muy noble, pero, ¿no resulta un precio demasiado alto a pagar la-improbable, si nos atenemos a las encuestas- posibilidad de ver sentados en el Congreso, impunes, a culpables de las mayores aberraciones contra los derechos humanos? Se requiere también transparencia en el tema de las víctimas; no solo los damnificados por las FARC, sino también aquellos a quienes la contrainsurgencia paraestatal ha perjudicado tendrán derecho a reconocimiento y reparación. Entra en juego aquí la llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de 2011; el Gobierno ha reconocido que hubo despojo masivo de 6,6 millones de hectáreas. El problema es que, para una reparación efectiva de todos los daños (por no hablar del prejuicio moral de las víctimas), el coste estimado sería de 40 millones, dinero con el que el Gobierno Colombiano no cuenta, a pesar del crecimiento económico.

Para los miembros de las FARC, se prevé que el castigo estará basado en modalidades de lo que el profesor Vargas llama justicia transicional; es decir, se evitará dictar sentencias de cárcel, sino  penas alternativas, con la aclaración de la verdad como principal objetivo. Sin embargo, dada la presión de la opinión pública internacional y la necesidad de hacer justicia para con las víctimas, el marco jurídico será distinto al de la polémica Ley de Justicia y Paz, que amnistiaba a los integrantes de las milicias paramilitares quizás con demasiada ligereza. 

El papel de los medios de comunicación resulta clave al respecto, puesto que la opinión pública ha de ser favorable a las conversaciones de Oslo y La Habana; en este sentido habrán de transmitir la información de manera conciliadora, dando voz a todos los agentes implicados (no sólo políticos, sino también asociaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos, etc.). Será clave también buscar un proceso de negociación paralelo con el reacio Ejército de Liberación Nacional, puesto que la paz no ha de construirse a pedazos. No hay que olvidar que esos soldados desmovilizados de las FARC, en su mayoría campesinos ignorantes y escépticos ante un Gobierno que no supo ayudarles, podrían lanzarse en brazos del ELN si no se encontrase el camino para su reinserción en la sociedad civil.  Hay que evitar que suceda lo que sucedió con la desmovilización de las AUC, que, a pesar de hacerse efectiva en 2006, fue seguida de la aparición de numerosos grupos “herederos” (por ejemplo el grupo Rastrojos), que cada vez hacían menos hincapié en la ideología y más en el lucro económico.

Queda también una cuestión por explorar: ¿qué mueve a las FARC a negociar justo ahora? Durante los mandatos de Betancur, Gaviria, Samper y Pastrana, la organización aprovechó los procesos de negociación para hacerse fuerte con las treguas y avanzar en su lucha, ¿política? Sin embargo, el poder militar de las FARC ya no es tan apabullante como antaño, con la mayoría de sus líderes muertos o extraditados. Otros, como el ex-presidente Uribe contemplan las negociaciones como una inaceptable rendición del Estado ante unas FARC “totalitarias” que reclaman todo el poder y no están dispuestas a ceder, o a replegarse en posiciones de izquierda moderada. Los grandes empresarios, y los intelectuales más conservadores temen por la supervivencia económica y democrática del país si se hacen concesiones a las FARC: guerra civil, expropiaciones y huelgas forman parte del desolador panorama que pintan estas voces más alarmistas. Sin embargo, no parece probable que se dé esta situación, con la mayoría de la opinión pública colombiana hastiada por un conflicto que lleva años cobrándose víctimas inocentes. Pocos apoyan a las FARC en Colombia si no es bajo coerción, a pesar de que en su momento, las reivindicaciones de la guerrilla tenían una cierta legitimidad. Por ejemplo, el desmantelado M-19 ha encontrado un reducto en la vida política para continuar con su proyecto socialista.

Cabe preguntarse, asimismo, si las organizaciones paramilitares, supuestamente desmanteladas, no serán peores enemigos para la sociedad civil que las FARC (pensemos en las sanguinarias Águilas Negras) ; no son pocas las violaciones de derechos humanos que se han cometido con la coartada de la “contrainsurgencia”, de la "autodefensa", como matanzas a los representantes del movimiento popular, asesinatos de líderes de extrema izquierda, etc...en muchos casos en connivencia con el Gobierno, aconsejado por Estados Unidos ¿Quién ostenta el poder real en Colombia, las FARC, las organizaciones paramilitares, o los cárteles, cuya principal baza es un dinero manchado? No hay que olvidar que el mítico Pablo Escobar fue incluido una vez en la lista Forbes de hombres más ricos del mundo, y con fortunas de ese calibre se pueden comprar lealtades, cargos, ideologías y hasta ejércitos. ¿No es a ellos a quién el Gobierno debería enfrentarse en realidad?

En conclusión, la situación real en Colombia no se asemeja a una guerra civil o a una lucha entre grupos insurgentes con reivindicaciones políticas más o menos fundamentadas, sino que estaríamos hablando de un "todos contra todos" con el narcotráfico, la pobreza y una violencia sin precedentes como telón de fondo. En este contexto, ¿tiene sentido tratar de negociar con unas FARC que ya no buscan el comunismo, sino que se han convertido en una mafia? ¿o debe continuar la lucha armada, sucia hasta límites insospechados (tal y como denuncia Human Rights Watch) para aplastar a unas FARC que cuentan con aliados poderosos? En mi opinión, no se ha de combatir el fuego con fuego, como bien se demostró cuando salieron a la luz los múltiples abusos cometidos por los paramilitares, pero tampoco hay que dejar de lado la dignidad de las víctimas durante el proceso de negociación; las concesiones a las FARC, especialmente a sus líderes, han de ser mínimas. Si todo sale bien-y me inclino a pensar que la situación no puede continuar así durante otras tres décadas- el Gobierno tendrá que centrarse en paliar las desigualdades económicas, sobre todo en zonas rurales, y en proporcionar una educación cívica a sus ciudadanos para que no se repita la historia; no tiene sentido que pueblos enteros den su apoyo a grupos insurgentes cuyas reivindicaciones políticas han dejado de ser legítimas. 

Por ahora, la primera ronda de las negociaciones ha finalizado con resultados bastante positivos; los acuerdos alcanzados estos días en La Habana y permitirán que la sociedad civil plantee sus propuestas sobre el primer punto a debate en el proceso de paz: el problema de la tierra. 

Lucía Vazquez Rodriguez

Mali, ¿el Afganistán africano?

Desde principios de 2012, Mali se ha enfrentado a la peor crisis de su historia reciente, crisis que no sólo hace peligrar su integridad territorial, con una más que posible secesión entre el Norte, controlado por grupos yihadistas, y el Sur, más moderado, sino que también amenaza con terminar con más de 20 años de estabilidad política. Una rebelión tuareg, a la que se unieron soldados libios tras la caída del régimen de Mouammar Gaddafi, comenzó a atacar guarniciones del Ejército de Mali en enero de este año, a lo que el ejército respondió bombardeando indiscriminadamente asentamientos civiles, según denuncia Amnistía Internacional.  En la noche del 21 de marzo, un grupo de soldados liderados por el Capitán Amadou Sanogo dieron un golpe de Estado y derogaron la Constitución en la ciudad de Bamako. El golpe fue inmediatamente condenado por la comunidad internacional, y por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), que impuso sanciones económicas a Mali.

Aprovechando el descontrol, varios grupos armados, entre los que destacan la rama magrebí de Al Qaeda  (AQMI) y el Movimiento para la Unicidad de la Yihad en África Occidental (MUYAO) llevaron a cabo la conquista del norte de Mali, región semidesértica del tamaño de Italia y España juntas en la que el Estado es tan débil que apenas pudo reaccionar. Así, los tuareg declararon la independencia del norte del país. Poco más tarde, el MUYAO desalojaría por la fuerza a los grupos tuareg más moderados de la zona, como el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, laico y nacionalista, a pesar de que en un principio habían actuado en colaboración para hacerse con el control de las ciudades clave de la región (Gao, Tombuctú y Kidal). En la rebelión de 2012 se combinó el descontento con las políticas del Estado de Mali con un creciente fundamentalismo islámico y las reivindicaciones nacionalistas de grupos tuareg como Ansar Dine, dando lugar a la división más radical entre Norte y Sur que ha conocido el país. Los tuareg representan a un tercio de la población de Mali; entre Nigeria, Algeria, Libia, y Burkina Faso, se estima que el número de tuaregs alcanza el millón y medio de personas. De hecho, a principios de los 90, la región fue sacudida por una rebelión tuareg, muy diferente de la actual (en la que tiene más peso el islamismo de grupos como Al Qaeda), que se cobraría cientos de víctimas civiles.

El norte de Mali era una región especialmente vulnerable a la llama del fundamentalismo, puesto que, a lo largo de los años, el Gobierno del país  había desatendido las necesidades económicas de la zona, una de las más empobrecidas del África Occidental, sin apenas dotarla de infraestructuras administrativas, lo que provocaba el descontento de gran parte de la población. La miseria del lugar había dado lugar a la proliferación de todo tipo de negocios ilícitos; tráfico de drogas, de inmigrantes, de armas, de vehículos...Además, el colapso de los regímenes libio y tunecino ha tenido como resultado la expansión de la capacidad de maniobra de AQMI en el Sahel y el Sahara, que ha establecido vínculos con otras organizaciones como  Ansar Dine o Boko Haram, grupo terrorista que actúa principalmente en Nigeria. De este modo, la región se ha convertido en una bomba de relojería que pide a gritos la intervención de la ONU. El problema no es únicamente el auge del islamismo radical en países como Mali, Nigeria o el Congo; la franja del Sahel, aquejada por la sequía y las malas cosechas, lleva mucho tiempo sufriendo una hambruna sin precedentes.

A ojos de Occidente, Mali, y, en líneas generales, la franja del Sahel, se han convertido en el Afganistán africano, lo que obliga a una intervención militar para frenar el auge del terrorismo yihadista. Azawad, el Estado islámico independiente implantado en el norte de Malí, se ha transformado en un poderoso imán para jóvenes terroristas de todo el planeta que acuden allí para cumplir su sueño yihadista y en busca de un sueldo seguro. Los grupos armados, cada día más radicales, han implantado la sharía; se amputan manos y pies a ladrones, las infidelidades matrimoniales se castigan con latigazos, se reclutan niños soldado, y las mujeres no pueden mirar a los ojos de un hombre. No estamos hablando aquí del islamismo moderado del régimen Egipcio, sino de verdaderos crímenes contra los derechos humanos cometidos en nombre de Alá. El problema es que Occidente jamás ha sabido situarse bien ante el islamismo político- moderado o no-, ni en la Argelia de los 80 (Francia apoyó un golpe de Estado que terminaría con el régimen del Frente Islámico de Salvación, dando lugar a una cruenta guerra civil), ni frente a la ola islamista en Túnez y Egipto.

La reconquista deberá por tanto correr a cargo de la Unión Europea con Francia a la cabeza. No en balde Mali, país rico en recursos minerales, fue colonia francesa hasta 1960- Francia aún tiene importantes intereses económicos en la zona. Solo la intervención internacional, cuyo coste se estima en 70 millones de euros, puede liberar el territorio perdido, pero los informes de la UE aseguran que es imposible recuperar Azawad hasta marzo de 2013, como mínimo. Serán sobre todo Níger, Nigeria y Burkina Faso los países que aportarán el grueso de las tropas, que se someterán a meses de entrenamiento bajo las órdenes de instructores europeos. Sin embargo, toda la ayuda que llegue a Bamako no servirá de nada si no se logra una mínima estabilización en el funcionamiento de las instituciones del país, que ha demostrado tener un Estado Fallido y un ejército débil e indisciplinado (apenas 7.000 efectivos).

Por otra parte, existen posiciones diferentes sobre cómo reaccionar frente al conflicto. El Consejo de Seguridad de la ONU, presionado por Francia, ha pedido a Ban Ki-Moon y a las asociaciones regionales africanas que elaboren un plan en menos de 45 días para acabar con el poder de los yihadistas lo antes posible. El Secretario General de la ONU, en cambio, prefiere optar por el diálogo con los tuareg, cuya fe integrista es reciente, alegando que cualquier intervención militar podría empeorar la crisis humanitaria. Al fin y al cabo la agenda de los tuaregs es separatista, no anti-occidental; según informa The Guardian, se está intentando presionar al Gobierno de Mali para que ofrezca un proyecto de autonomía a los tuaregs a cambio de que se unan en su lucha contra Al Qaeda. Argelia, Mauritania y Burkina Faso comparten esa línea de acción; para ellos, lo principal es disociar a Ansar Dine de Al Qaeda, considerado la principal amenaza terrorista en el Sahel, para ganar la guerra. Lo que realmente preocupa desde Occidente es que Al Qaeda, que parecía debilitada tras las intervenciones internacionales en Afganistán e Iraq, y la muerte de Osama Bin Laden, recupere el poder en una zona de importancia estratégica como es el Sahel, a apenas 2000 km de las costas europeas. En cualquier caso, Ban Ki-Moon ha dejado claro que las Naciones Unidas no correrían con los gastos de la operación; serían la CEDEAO y la Unión Africana las encargadas de aplastar al régimen de Azawad.